Bruselas ha dado luz verde al monto de 400 millones de euros que España destinará a un plan para desplegar las redes de banda ancha de muy alta velocidad entre 2020 y 2022. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, consideró que esas ayudas se ajustan a la legislación comunitaria al tratar de “abordar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales”. La Comisión considera, además, que esas actuaciones contribuirán a desarrollar la llamada Agenda Digital para Europa.

La medida del Gobierno aprobada por la Comisión es la prolongación de un plan anterior, que recibió el beneplácito de Bruselas en 2013, para respaldar el despliegue de las redes de próxima generación en zonas que no estén suficientemente cubiertas. Según un comunicado difundido por Competencia, ese programa supone una inversión de 400 millones de euros en tres años para acabar con los “déficits de conectividad” que pueda haber en el territorio.

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Bruselas considera que dar un empujón a la plena cobertura en la UE es una de las piezas clave para avanzar hacia un mercado único digital europeo. En este caso, esa cuantía permitirá desplegar “redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por segundo, ampliables a 1 gigabit por segundo a zonas específicas”. “Las nuevas redes también darán acceso a mejores servicios de banda ancha, lo que estimulará el desarrollo de una economía digital moderna”, añade el comunicado.

España presentó a Bruselas un inventario de todas las infraestructuras disponibles y llevaron a cabo consultas para determinar las zonas en las que la Administración debía actuar para darles acceso a esas posibilidades. Según la Comisión, habrá nuevas consultas a actores del mercado para “garantizar” que esas ayudas “limiten al mínimo las distorsiones de la competencia”. Además, todas las redes que se financien con ese plan darán acceso a todos los operadores mayoristas “de forma abierta, transparente y no discriminatoria”, de modo que incentivarán inversiones privadas.

“Con esa decisión respaldamos una vez más el uso de fondos públicos para los servicios de Internet de muy alta velocidad destinados a los hogares y las empresas donde la inversión privada es insuficiente”, añadió Vestager. Las directrices sobre banda ancha, aprobadas en 2013, permiten que se destinen fondos públicos a ese fin cuando supongan una “mejora significativa”, protejan la competencia y movilicen capital privado.

Fuente: El País