Las consecuencias de la desaceleración y la incertidumbre, según el Banco de España, son un posible «aumento de la volatilidad de los mercados financieros y un incremento de las primas de riesgo», así como la depreciación de los activos financieros, tanto de renta fija, privada y pública, como variable, que provocarían «presiones adicionales a la baja sobre la rentabilidad del sector bancario, que se sigue manteniendo en niveles reducidos».

Además, se identifica un riesgo específico para las entidades españolas, «derivado del potencial incremento de las demandas judiciales«. Los dos primeros riesgos se han acrecentado en el último semestre, mientras que el tercero sigue estable, apunta el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos. Sobre los litigios, fuentes del Banco de España dicen que no afectan por igual a todas las entidades, pero piden a las afectadas que calculen los riesgos que tienen para preparase por si las sentencias son condenatorias.

Al margen de esto, las peticiones generales que hace el supervisor son mantener un seguimiento estrecho de la evolución del crédito al consumo, así como del mercado inmobiliario y «reforzar el capital y mejorar la rentabilidad, diversificando sus ingresos y reduciendo racionalmente sus costes».

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Incertidumbre y subida de los alquileres

El informe hace un extenso repaso a la situación macroeconómica y afirma: «En España, persiste la incertidumbre sobre el curso futuro de las políticas económicas». Descarta que exista una burbuja inmobiliaria, pero advierte de que, en algunas zonas, los precios están llegando a los niveles precrisis. Reclama con urgencia un organismo que registre y haga un indicador homogéneo sobre los cambios en los precios del alquiler (el informe se apoya en datos de la web Idealista), y reconoce que algunas capitales están viviendo fuertes subidas, que están afectando al segmento de los jóvenes.

No cree que la banca ha bajado las cautelas en las hipotecas, pero advierte de dos peligros, en los clientes particulares y en las empresas. Sobre los primeros indica que «persisten segmentos de hogares españoles en una situación de mayor fragilidad, situándose la tasa de ahorro agregada en niveles muy reducidos. Esto está en parte vinculado al mayor recurso de las familias al crédito para el consumo, que, a pesar de haberse moderado durante los últimos meses, sigue creciendo a un ritmo notable».

Respecto al crédito a empresas, apunta que hay segmentos en «situación más vulnerable, como el colectivo de empresas de menor dimensión y, sobre todo, las que operan en el sector inmobiliario y de la construcción». Añade que no se observa una relajación en las condiciones de concesión de los préstamos nuevos, su ritmo de crecimiento es elevado, «por lo que será necesario mantener la vigilancia en este mercado».

Beneficios no recurrentes

El informe presenta, por primera vez, la cuenta de resultados netos consolidados de las entidades españolas, cuyos beneficios «experimentaron un crecimiento significativo en 2018, atribuible en gran medida a la mayor contribución positiva de resultados extraordinarios y a la disminución de las provisiones por deterioro de activos».

En 2018 los bancos ganaron 19.438 millones, un 24,8% más que el año anterior. Este incremento en el beneficio consolidado ha supuesto un aumento de la rentabilidad sobre activos (ROA) de 0,11 puntos porcentuales, desde el 0,44% de 2017 al 0,55% de 2018. Por su parte, la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) ha aumentado desde el 6% en diciembre de 2017 al 7,2% en diciembre de 2018, «lo que en principio mejora la capacidad de resistencia de los bancos españoles frente a shocks futuros. En términos de rentabilidad y eficiencia, las entidades españolas se sitúan por encima de la media europea», admite el supervisor, aliviando la presión que ha ejercido sobre el sector en los últimos informes.

Pero después insiste en que si no hubiera sido por la caída en unos 3.000 millones, un 16% más, de las provisiones y «la variación positiva de la contribución de operaciones extraordinarias», es decir, partidas no recurrentes, no se habría impulsado la rentabilidad ya que «los márgenes están estancados».

También alaba que la ratio de eficiencia de los bancos haya mejorado desde 2016 por el incremento del margen bruto y la contención de los gastos, «que presentan una estructura relativamente estable para las entidades bancarias españolas desde el año 2015». Pero critica que la rentabilidad «siga siendo reducida, si bien esta se situó por encima del promedio de las entidades europeas».

En cuanto a los países en donde están el Santander y el BBVA, advierte de que «en las últimas semanas han retornado las tensiones en los mercados financieros en Turquía y Argentina, tras la calma que supuso la adopción de drásticas medidas monetarias y fiscales durante el año pasado». Sobre Brasil y México señala riesgos de problemas con la deuda pública y en Europa, resalta «el riesgo de una salida desordenada del Reino Unido de la UE (Brexit)», aunque dice que se ha aplazado.

Demandas y reputación

El informe no esquiva este problema después de que el organismo tuviera acceso a un documento de Oliver Wyman en el que se dibujaba un oscuro panorama con los litigios bancarios. «Las entidades de depósito españolas, con distinta intensidad, afrontan un riesgo legal derivado del potencial incremento de las demandas judiciales contra ellas. En los últimos años, el riesgo legal, vinculado a litigios judiciales, se ha incrementado significativamente. Las entidades han estado involucradas en un número elevado de procesos judiciales, en los que se cuestionaban ciertas condiciones contractuales en sus operaciones hipotecarias. El coste de estos procesos es elevado (por ejemplo, en las cláusulas suelo, con más de 2.200 millones devueltos a los clientes hasta enero de 2019), pero existen todavía procedimientos judiciales muy relevantes pendientes de resolución».

El Banco de España recuerda que se prevé que en la segunda mitad del año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda a las cuestiones prejudiciales planteadas en relación con la utilización del índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH). «Dependiendo del pronunciamiento del TJUE, podría producirse un aumento de las demandas judiciales contra los bancos españoles con impacto en aquellas entidades con mayor volumen de préstamos hipotecarios indiciados al IRPH, lo que exige de estas entidades una apropiada medición del posible impacto contingente y medidas de gestión y prevención adecuadas».

El supervisor cree que esta situación «se ha traducido en una pérdida de reputación para el sector bancario, en España y en otros países, que las entidades deben esforzarse en revertir proporcionando a sus clientes los productos financieros adecuados a sus necesidades y capacidades, así como suministrando la información relevante de manera clara y transparente. La reputación y la confianza de los clientes es un elemento esencial para desarrollar el negocio bancario».

España, vulnerable

«La economía española mantiene algunos factores de vulnerabilidad, como el elevado endeudamiento público y externo hace que tanto las Administraciones Públicas como el conjunto de la economía, por lo que está muy expuesta a posibles encarecimientos en el coste de financiación, asociados, por ejemplo, a eventuales repuntes en las primas de riesgo, o ante una evolución macroeconómica adversa».

Respecto al endeudamiento privado, dice que «es deseable que continúe el proceso de desapalancamiento gradual iniciado tras la última crisis». Sobre la evolución del PIB, afirma que las perspectivas de corto y medio plazo «suponen una continuación del crecimiento, aunque a ritmos algo más bajos y con riesgos a la baja». Las proyecciones macroeconómicas más recientes del Banco de España, publicadas en marzo, contemplan la prolongación de la fase expansiva a lo largo del período 2019-2021, aunque con un perfil de gradual desaceleración del PIB. Entre los riesgos internos, destaca «los asociados a la indefinición sobre la senda de la política fiscal, tanto en el corto como en el medio plazo y, en general, sobre la orientación futura de la política económica».

Fuente: El País