El Gobierno quiere implantar la ‘mochila austriaca’ desde 2020 y reducir los tipos de contratos a tres

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El Gobierno ha propuesto este viernes la puesta en marcha de la llamada mochila austrica, una cuenta del trabajador donde el empresario va pagando mensualmente el despido y que el empleado puede llevarse si cambia de empresa o si se jubila. La iniciativa, que comenzaría a implantarse progresivamente desde el próximo año y que todavía tendría que negociarse con los agentes sociales, busca favorecer la movilidad laboral, al no tener que quedarse el trabajador en un puesto simplemente porque tiene acumulado un despido cuantioso. Tal y como adelantó EL PAÍS, es una de las 60 medidas que se recoge en la llamada Agenda del Cambio, un documento de unas 85 páginas que ha presentado este viernes el Ejecutivo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En este informe básicamente se traza la hoja de ruta que pretende seguir el Gobierno de Sánchez en política económica. El papel ha sido coordinado por el Ministerio de Economía e incluye medidas que ya se fueron anunciando de forma individual, otras que se están poniendo en marcha, y un tercer grupo que todavía tiene que desarrollarse ampliamente. Los principales ejes se resumen en la mejora de la educación, la transición ecológica, la reforma del mercado laboral, la reducción de las desigualdades y de la brecha de género, y el impulso a la ciencia y las nuevas tecnologías.

Entre las medidas se encuentran, por ejemplo, la reordenación de los tipos de contratos a tres fórmulas: indefinido, temporal estructural y formativo. También duplicar la prestación por hijo a cargo en las familias en situación de pobreza severa, equiparar el permiso de paternidad al de maternidad, la simplificación de las ayudas asistenciales, las oficinas contra la despoblación o el desarrollo de una FP dual, que se ha copiado del modelo alemán y que combina los cursos con la formación en el trabajo.

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En materia de pensiones, amén de la reforma que se acuerde en el marco del Pacto de Toledo para asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social, se habla de desarrollar sistemas complementarios acordados entre empresarios y trabajadores.

En el área laboral, aparte de la simplificación de contratos, se plantea otra vez derogar los puntos más lesivos de la reforma laboral. Para evitar la temporalidad y la excesiva rotación en los puestos de trabajo, se favorecerá el uso del contrato fijo discontinuo.

Además, se incluye entre otras la Ley de Ciencia, que busca dar estabilidad laboral a los científicos, la de startups, que pretende facilitar la creación de empresas tecnológicas, o los planes de vivienda, que aspiran a facilitar el alquiler y promover un parque de vivienda social y asequible. Y entre los objetivos se menciona que el 90% de los jóvenes posea al menos una título de educación secundaria, o que la inversión en I+D alcance el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado.

Respecto a la educación, se reformarán los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas y se repite la promesa de universalizar la educación infantil entre 0 y 3 años. 

Otra pata esencial consiste en movilizar las inversiones privadas que se requerirán para abordar la transición del modelo energético hacia uno descarbonizado. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya señaló que se necesitaban más de 200.000 millones de euros para la próxima década. En este campo la meta es que el 70% del suministro eléctrico proceda de fuentes renovables. Y, por ejemplo, se impulsará la instalación de puntos de recarga de vehículos en zonas urbanas, algo que ya estaba plasmado en la Ley de Cambio Climático. “Para conseguir estos objetivos debe concurrir el gasto público y la inversión privada”, ha señalado la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Por otra parte, se pretende reformar el modelo de los supervisión financiera, avanzando en el conocido como Twin Peaks o picos gemelos, que separa la protección del cliente financiero de la supervisión de la solvencia de las entidades. Muchos problemas en la comercialización de productos financieros se han achacado a que los mismos que tenían que proteger al consumidor también se encargaban de cuidar la salud de las entidades financieras.

El Gobierno anuncia que dará mucho más peso a los estudios que revisan la eficiencia del gasto, las bautizadas como spending reviews que ya ha empezado a realizar por áreas la Autoridad Fiscal.

El documento recuerda ligeramente a la llamada ley de economía sostenible, que articuló Zapatero a principios de 2011 y que también anunciaba numerosos principios de acción y buenas intenciones que luego no se pudieron llevar a buen término. En buena medida por la resistencia de muchos colectivos e, incluso, ministerios. Para intentar evitar esto, Economía lleva meses discutiendo y puliendo las propuestas con los distintos departamentos ministeriales. Dados los ambiciosos objetivos que se plantea y la imposibilidad de aprobarlos en un horizonte próximo, el documento servirá además de programa económico para unas eventuales elecciones.

Según ha explicado el Ejecutivo, la idea de esta especie de carta a los Reyes Magos es que atajará los retos que tiene por delante la economía española aprovechando el crecimiento. A saber: la alta tasa de desempleo, la elevada destrucción de puestos de trabajo en las recesiones, la precariedad del mercado de trabajo, la baja productividad, la elevada deuda pública y la corrección de la desigualdad.

Fuente: El País

2019-02-08T16:29:18+00:00