El Parlamento Europeo busca que Iberia tenga hasta marzo de 2020 para reestructurar su accionariado

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El Parlamento Europeo (PE) ha propuesto que la Comisión Europea (CE) extienda de manera temporal, como máximo hasta marzo de 2020, las licencias de operaciones a aerolíneas cuya propiedad mayoritaria quede en manos no europeas tras el Brexit para dar tiempo a reestructurar su accionariado.

La iniciativa incluida en un paquete de medidas para asegurar las conexiones aéreas en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) sin acuerdo, aprobado este miércoles en la Eurocámara, beneficiaría a las aerolíneas españolas Iberia y Vueling, pertenecientes al grupo británico IAG.

Con las normas actuales, si la retirada del Reino Unido del club comunitario se produjera el 29 de marzo sin pacto, ambas empresas dejarían de poder volar al día siguiente entre dos ciudades de la UE si no demostraran que más del 50% de sus acciones están en manos comunitarias y no de terceros países, incluido el Reino Unido.

Sin embargo, si los estados miembros y la Eurocámara finalmente acuerdan extender hasta marzo de 2020 las licencias para que empresas como Iberia y Vueling tengan tiempo de reestructurar su accionariado, el problema desaparecería y las operaciones de ambas compañías podrían seguir con normalidad hasta el año que viene.

En el paquete de medidas sobre conexiones aéreas, aprobado con 576 votos a favor, 4 en contra y 28 abstenciones, los eurodiputados se muestran de acuerdo, asimismo, con que las aerolíneas del Reino Unido puedan seguir operando rutas entre la UE y destinos británicos durante doce meses después del Brexit, siempre que se ofrezca un acceso equivalente a las compañías de la UE.

En este caso se ajusta a la propuesta original de la Comisión Europea (CE), presentada el pasado 19 de diciembre.

Las aerolíneas del Reino Unido, sin embargo, no podrían realizar vuelos dentro de la UE, como por ejemplo, un trayecto entre Madrid y Barcelona.

Dado que Iberia y Vueling pertenecen a la empresa británica IAG, propietaria también de British Airways, si siguieran estando controladas por accionistas extracomunitarios tras la salida británica podrían realizar vuelos transcontinentales como viajes entre Madrid y Nueva York, o entre la UE y el Reino Unido.

Sin embargo, no sería posible que operaran vuelos dentro de la UE como un Barcelona-París y, en consecuencia, dentro de España, como un Bilbao-Madrid.

La propuesta de la Eurocámara de este miércoles busca resolver esa situación.

En cualquier caso, el pasado 11 de febrero IAG informó de que había fijado en el 47,5% el máximo de su capital social que puede estar en manos de accionistas que no pertenezcan a países miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, el grupo de aviación hispano-británico indicó que sigue considerando a los accionistas británicos como pertenecientes al club comunitario y, por tanto, no los incluye en el límite del 47,5%.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, IAG precisó que ese 47,5% era, el 11 de febrero, “el nivel de propiedad del capital social” que tienen accionistas denominados “Personas No UE”.

Apuntó que los accionistas británicos “no son ni serán tratados como Personas No UE” y, por tanto, “no están ni estarán sujetos a las restricciones a la adquisición de acciones mencionadas en este anuncio”, salvo que su directiva “notifique a los accionistas otra cosa”.

Por otro lado, los eurodiputados respaldaron un mecanismo temporal para que la Agencia europea de Seguridad Aérea emita certificados para las compañías de Reino Unido, con 603 votos a favor frente a 3 en contra y 5 abstenciones.

Para evitar interrupciones en el transporte de mercancías por carretera, el pleno se mostró de acuerdo en permitir a los operadores británicos llevar bienes a la UE hasta el final de 2019, siempre que Londres permita hacer lo mismo a las compañías de la UE en su territorio.

Este texto salió adelante con 578 votos a favor, 5 en contra y 18 abstenciones.

Una vez que el Consejo (los países) fije su posición, podrán comenzar las conversaciones entre las dos instituciones sobre la formulación final de las medidas.

Fuente: Cinco Días

2019-02-13T18:41:19+00:00