El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, se queda

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Se despeja una incógnita, o por lo menos por el momento, pero se genera otra. Ni David Vegara, ni Margarita Delgado, ni tantos y tantos nombres que han salido como candidatos a convertirse en subgobernadores del Banco de España. Al final, Javier Alonso, el actual número dos del Banco de España, seguirá una temporada en el cargo.

Alonso sustituyó como subgobernador a Fernando Restoy, quien en enero de 2017 decidió dejar este cargo para ser nombrado presidente del Financial Stability Institute, convirtiéndose así en uno de los españoles más influyentes del panorama financiero y económico internacional. De esta forma, Javier Alonso podría quedarse como número dos del supervisor bancario español cuatro años más. Pero el cambio de gobernador, producido precisamente hace justo una semana con la toma de posesión de Pablo Hernández de Cos, del cargo, en sustitución de Luis María Linde, parecía indicar que el relevo en los dos máximos puestos de la cúpula del Banco de España iban a cambiar. Más cuando Alonso había puesto su cargo a disposición del gobernador.

Pues no. Alonso se queda. ¿Cuánto?, eso es otro cantar. Todo resulta muy ambiguo. Unos hablan de final de año, otros que se mantendrá en el Banco de España hasta que finalice su mandato.

Otras fuentes hablan, sin embargo, de que Alonso se marchará cuando ponga punto y final al previsible acuerdo entre la banca, el Gobierno y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), e incluso Bruselas, para que las ayudas en formas de esquemas de protección de activos (epas) que recibieron Sabadell y BBVA al comprar CAM y Unnim, respectivamente, no computen como déficit público.

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El problema está en que el FGD se nutre de las aportaciones de la banca, con las que se pueden cubrirse debilidades de algunas entidades financieras, como fue el caso de CAM, por ejemplo, o del 80% de las pérdidas que se vayan produciendo en las carteras de activos improductivos de la ya excaja alicantina y de Unnim hasta 2021 tras sus compras por los dos grandes bancos españoles. El otro 20% de estos números rojos lo cubriría Sabadell y BBVA.

Pero el FGD, presidido por el subgobernador del Banco de España, en este caso por Alonso, es considerado por Bruselas un organismo público al depender del Gobierno. Por ello, tras las ventas aceleradas de las carteras de activos tóxicos de Sabadell y BBVA, hay que llegar a un acuerdo para que la banca no tenga que cubrir en un solo ejercicio, el presente las pérdidas procedentes de estos créditos e inmuebles adjudicados, lo que supondría cargar con fuertes dotaciones a las entidades financieras.

Además, podría dejar al FGD también en números rojos ante cualquier eventualidad, a lo que se suma lo dicho anteriormente, estas pérdidas computarían en el déficit del Estado al ser considerado el Fondo un organismo público.

Varias fuentes financieras confirmar que el acuerdo está cerca, aunque los temas jurídicos van despacio. La idea es que se permita a la banca fraccionar estos pagos en tres o cuatro ejercicios para que estas pérdidas sean asumibles por el sector y no tengan efecto en el déficit. A su vez, desaparecería la proporción de 80% y 20% de pago de estas pérdidas, a cambio de asumir unos números rojos fijados hasta un tope por el FGD, pasado ese máximo serían Banco Sabadell y BBVA quienes los que se harían cargo de esas diferencias.

Alonso es el interlocutor de este posible acuerdo, razón por la que no puede abandonar el barco antes de que se resuelva este escollo, propiciado, además, por Europa y el Banco Central Europeo (BCE).

El objetivo de meter presión a los diferentes países para crear ya la unión bancaria, con un fondo de garantía de depósitos europeo, está en parte en el trasfondo de estas ventas exprés de los activos tóxicos, y por lo tanto del plan para acelerar los epas. Y es que, Europa no quiere mochilas del pasado que tengan que ver con ayudas públicas que se incorporen al proyecto de unión bancaria. El objetivo es eliminar estos lastres antes este mismo año.

Se da ¿la coincidencia?, o no, que el Banco de España ya comentó al sector en 2016 que su objetivo era que las entidades financieras se deshicieran del lastre del ladrillo, que sumaba entonces 84.000 millones de euros, en menos de tres años, coincidiendo con la salida de Linde del banco central nacional, al agotar su mandato de seis años.

Para agilizar este desagüe el Banco de España lanzó la circular contable 4/2016, que entró en vigor en octubre de ese año relativa a las provisiones destinadas al ladrillo. cuyo objetivo era penalizar los activos tóxicos, medida que pretendía sus ventas exprés. Y Linde abandonó el Banco de España hace una semana.

Y por cierto, crecen las dudas sobre el sucesor de Francisco González. En el sector se sigue especulando con la posibilidad de que el banquero aborde una fusión que le permitiría tener una escusa para seguir en su cargo más allá de octubre de 2019. En esa fecha, el banquero cumple 75 años, edad prevista en los estatutos para dejar la presidencia.

Esta hipótesis es negada reiteradamente por los portavoces de la entidad y por el propio presidente. Pero, además, el mercado ha vuelvo a apostar por Jaime Caruana como sucesor de González, bien en 2019, bien más tarde.

El hecho de haberle nombrado sentado en las comisiones claves del banco, como la delegada, la de riesgos y la de tecnología, la semana pasada han acrecentado los rumores sobre la posibilidad del que el exgobernador sea el futuro número uno de BBVA, y Carlos Torres se mantenga como consejero delegado, aunque con más poder.

Fuente: Cinco Días

2018-07-01T19:52:25+00:00