España e Italia se quedan solas en la defensa del diésel de aceite de palma

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El futuro energético de la UE –también el de los combustibles alternativos– se decidirá este semestre en una negociación entre el Parlamento Europeo, los Gobiernos de los 28 –representados por el Consejo de la UE– y la Comisión. Las reuniones han comenzado ya y se espera que acaben en junio con la aprobación del plan energético de la UE para la próxima década, que debería permitir el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático.

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Uno de los temas en discusión son los biocombustibles de primera generación, los elaborados a partir de materias alimenticias como el aceite de palma. La UE los incentivó en la década pasada, pero ahora pretende limitarlos al concluir que, lejos de ayudar en la lucha contra el cambio climático, pueden empeorar la situación. “El diésel de aceite de palma emite más gases de efecto invernadero que el convencional cuando se tiene en cuenta su ciclo de vida completo y los cambios de uso del suelo asociados”, explica Miguel Ángel Soto, de Greenpeace.

Casi la mitad del aceite de palma que la UE importa se destina para hacer biodiésel, según los datos de la organización Transport and Environment. Y España e Italia están a la cabeza de Europa en el uso para ese fin.

España, que realizó fuertes inversiones en plantas de diésel de aceite de palma, prácticamente no cuenta con producción propia, con lo que debe importar la materia prima. En 2016 compró 1.503.991 toneladas (por un valor de 936 millones), la mayoría procedente de Indonesia y Malasia, países con graves problemas de deforestación. Los productores españoles de biodiésel defienden, sin embargo, que el aceite importado debe contar con certificados de sostenibilidad.

Pero el Parlamento Europeo ha propuesto —en el marco de esa negociación a tres bandas sobre el futuro energético de la UE— que en 2021 el diésel elaborado con aceite de palma deje de considerarse un biocarburante. Esto supondría su eliminación de las cuotas obligatorias de biocombustible que fija el Gobierno para el transporte, desincentivando así su uso y producción.

“España se opone firmemente” al veto propuesto por la Eurocámara, comunicó el 9 de febrero el Gobierno al Consejo de la UE. “Esta prohibición no está justificada, penalizaría gravemente a países miembros como España que dependen de él y sería contrario a las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, añadía el escrito al que ha accedido EL PAÍS. El Gobierno solicitaba además un informe jurídico sobre ese veto.

Pero España está casi sola en esta guerra. Según la documentación interna del Consejo, solo Italia rechaza también tajantemente el veto al aceite de palma. Otros Estados –Eslovaquia, Luxemburgo, Polonia y Alemania – dicen que “podrían ser flexibles” en el asunto, aunque su dependencia de ese biodiésel es menor. Para el resto de biocombustibles de primera generación –por ejemplo, de colza– el Europarlamento propone que su cuota se quede como ahora, que no siga aumentando. Y España tampoco lo acepta.

Impuesto al sol

Al margen de los biocombustibles, el Gobierno de Mariano Rajoy busca una vía para intentar salvar el llamado impuesto al sol, según los documentos del Consejo de la UE. El Parlamento ya propuso suprimir los cargos sobre la energía producida y consumida de forma instantánea por particulares a través, por ejemplo, de paneles solares.

Esto supondría el fin del llamado impuesto al sol. Y el Gobierno intenta que se deje una puerta abierta en la regulación europea para la próxima década. “España está teniendo la posición más dura de la UE en este asunto”, lamenta Sara Pizzinato, de Greenpeace.

Los Gobiernos de los 28 no quieren ser ambiciosos en renovables

Los Gobiernos de los 28 no tienen intención de forzar la máquina y aumentar sus objetivos de renovables. El Parlamento ha propuesto que en 2030 al menos el 35% de toda la energía consumida proceda de fuentes renovables –frente al 17% actual–. Sin embargo, el Consejo de la UE –es decir, los 28– quieren que el objetivo sea solo del 27%. Las posturas negociadoras siguen siendo muy duras. Eslovaquia, República Checa, Polonia, Chipre, Hungría, Reino Unido y Bélgica piden explícitamente que el objetivo se quede en el 27%. España también lo deja entrever. Dinamarca, Francia, Suecia y Luxemburgo están dispuestas a que se aumente. Francia, hasta el 30%; Suecia, al 35%.

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, ha reprochado en varias ocasiones a los Gobiernos su falta de ambición. Y ha señalado que, gracias a la reducción de costes de las renovables, se podría llegar fácilmente a un objetivo del 30% en 2030.

Fuente: El País

2018-02-22T05:47:09+00:00