Hacienda estudia traspasar competencias sobre la dependencia a los alcaldes

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“Espero que encontremos un consenso adecuado para que podamos revisar una financiación (de las Administraciones Locales) que tiene que ir acompañada de una mejor adecuación de las competencias, para que justamente aquellos que más conocen las necesidades de los ciudadanos puedan proveerlas en tiempo y en forma, intentando dar una respuesta personalizada a cada vecino”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondía así en el Congreso a la diputada de Podemos Alicia Ramos.

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La afirmación de la ministra supone un importante cambio en la gestión de los alcaldes. Por un lado, Montero pretende que los Ayuntamientos recuperen competencias que tienen restringidas por la ley de reforma de las entidades locales. Esta norma, aprobada a finales de 2013 por el anterior Ejecutivo del PP, limitaba el margen de actuación de los alcaldes al impedir, sobre todo a los municipios más pequeños, prestar determinados servicios sanitarios, educativos o sociales. Ahora la ministra quiere abrir la mano para que recuperen cierta autonomía. Montero quiere que los alcaldes vuelvan a sentirse parte importante del Estado, por eso busca cómo devolverles competencias.

Por otro lado, la ministra pretende que los Ayuntamientos asuman las competencias sobre algunos servicios de dependencia, según fuentes de la Administración. En Hacienda entienden que las comunidades atraviesan aún por restricciones presupuestarias y aunque han reducido los números rojos siguen registrando déficits. Por el contrario, la mayor parte de los Ayuntamientos están saneados y van reduciendo su deuda. Las entidades locales cierran cada año con ahorros superiores a 6.500 millones de euros aproximadamente, el equivalente a un superávit del 0,5% del PIB. Esto ha permitido que los Ayuntamientos tengan unos 25.000 millones de euros depositados en los bancos sin gastarlos. Y este año sumarán otros 7.000 millones más en sus cuentas bancarias.

Por esta razón, Montero cree que es buena idea traspasar algunos servicios de dependencia a los municipios, que además, son las administraciones más próximas a los ciudadanos y las que mejor podrían prestar este servicio de carácter social.

Un reto complicado

José Manuel Navarro, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se muestra algo escéptico. “La dependencia supone un gasto total de en torno a 8.000 millones de euros. No tendrían suficientes recursos. Muchos de estos servicios se prestan en residencias, que son centros especializados. Habría que ver cómo se plantea, pero habría que tocar varias leyes”, advierte. “Se podría hacer en los servicios de proximidad de la dependencia. Ya hay Ayuntamientos que hacen eso”, añade este experto en servicios sociales. Desde la Federación Española de Municipios (Femp) prefieren esperar a ver cómo queda la propuesta antes de hacer valoraciones.

No se trata de una idea nueva. El presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, ya avanzó la propuesta hace un par de meses en el Congreso. “Cuando miro la estructura de competencias de los Ayuntamientos, y más después de la Ley de Racionalización de las Haciendas Locales, veo que tienen cierta propensión para meterse en competencias que no les son propias, y a veces echan una mano a las comunidades autónomas en gasto social”, dijo durante una intervención parlamentaria.

“¿Tenemos un déficit de gasto social? Sí, es evidente y lo vemos en dependencia y en pensiones. En muchos países, ese gasto, sobre todo en la dependencia, lo asumen los Ayuntamientos, porque es un gasto muy de proximidad”, se preguntó. Y culminó: “En España, en gran parte los asistentes sociales están en los Ayuntamientos y trabajan a costa de las comunidades. Lo que tenemos es un problema de competencias. Me da la sensación de que si miramos dónde están las grandes presiones de gasto y donde están las mayores holguras, termina uno pensando que a lo mejor hay que hacer una redefinición de competencias”.

Casi uno de cada tres euros que recaudan las ciudades es por el IBI

Los Ayuntamientos tienen suficientes recursos para los servicios que prestan actualmente. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es el primer tributo propio. Con este impuesto sobre el valor catastral de las viviendas las entidades locales obtienen el 28% de sus ingresos. Este tributo tiene un carácter estable y está protegido frente a recesiones económicas, según un estudio presentado ayer por al Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Por eso, este ha sido el sostén de miles de Consistorios durante la crisis. De hecho, es el único impuesto de todo el sistema tributario español que siempre ha subido. A pesar de ello, es uno de los impuestos donde aún hay más margen recaudatorio, según recordó el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, hace un par de meses en el Congreso de los Diputados.

Los otros dos impuestos municipales de carácter obligatorio, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el de Vehículos de Tracción Mecánica, han sufrido algunos vaivenes. El primero está lastrado por las exenciones —no tienen que tributar los que ingresen menos de un millón— y en el segundo se ha producido una fuerte competencia a la baja para atraer flotas de vehículos con tipos muy bajos.

Respecto a las tasas municipales, “con las que se piensa recaudar el 13,6% de todos los ingresos locales, se observa, que muchas gravan los mismos servicios o la misma utilización del dominio, si bien la forma de hacerlo es muy diferente en cada una”, avisan desde el REAF. Los asesores fiscales recuerdan que la Administración local española, con un peso del 6% del PIB, es menor que la media de los países de la UE, donde representa un 11,1% del PIB.

El informe también revela que Madrid y Barcelona son las capitales de provincia qué más impuestos recaudan por habitante (sin contar las tasas). Siendo Bilbao y Tenerife las que menos ingresos per cápita obtienen. Teniendo en cuenta las tasas, son Madrid y Toledo las que más ingresan por ciudadano y Tenerife y Badajoz, las dos capitales de provincia donde menos se recauda por cada habitante.

Fuente: El País

2018-07-04T05:34:26+00:00