La Agencia Tributaria levantó durante el ejercicio 2018 actas fiscales a Ebro Foods por un valor total de casi 9,5 millones de euros, según consta en la memoria financiera anual publicada por la compañía de alimentación.

La inspección fiscal analizó los impuestos de Ebro Foods entre los ejercicios 2012 y 2015, unos trabajos que finalizó en noviembre del año pasado. Como resultado, Hacienda le ha exigido a la compañía que preside Antonio Hernández Callejas un pago de 4,3 millones de euros, en su mayor parte por cantidades impagadas del impuesto de sociedades durante esos años, y otros impuestos diferidos.

Según explica la empresa en su memoria, ha procedido al pago de la parte que ha firmado en conformidad, que asciende a 623.000 euros, y ha provisionado los 3,68 millones restantes ya que, en este caso, ha firmado las actas en disconformidad y las ha recurrido ya ante la Audiencia Nacional.

Pero la inspección fiscal también derivó en unas actas adicionales de 5,11 millones de euros, que Ebro Foods no ha abonado y tampoco ha provisionado en su balance ya que “la estimación de ganar este contencioso es muy alta”. La compañía explica que esa cuantía procede de “dos conceptos específicos” de su grupo fiscal con los que ha mostrado su “disconformidad total”.
“En este caso, este importe no ha sido provisionado dado que las actas han sido recurridas y la estimación de ganar este contencioso es muy alta, debido a la existencia de argumentos sólidos y antecedentes de inspecciones anteriores, que hacen que el riesgo haya sido considerado como remoto”.
El grupo también tiene recurridas las actas fiscales firmadas en disconformidad por los impuestos entre los ejercicios 2008-2011, para la que tiene reservados 3,9 millones de euros.

La disparidad en este caso fueron las deducciones derivadas de la Vuelta al Mundo a Vela de Alicante en 2008. Al igual que con las actas de 2018, Ebro no provisionó cantidad alguna en un principio al considerar “alta” la probabilidad de ganar el contencioso. Algo que tuvo que rectificar en 2017 con esos 3,9 millones, a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo.

Fuente: Cinco Días