Los promotores de Madrid Sureste pedirán una indemnización de 1.500 millones a Carmena

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El Ayuntamiento de Madrid se podría enfrentar en breve a unas indemnizaciones milmillonarias. Los promotores de los desarrollos urbanísticos de Madrid Este van a solicitar que se les resarza por daños y perjuicios con 1.580 millones de euros por la paralización de esos nuevos barrios, donde se contemplan más de 100.000 viviendas. Así lo avanzó este miércoles Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de las promotoras madrileñas Asprima.

Las juntas de compensación (promotores y propietarios del suelo) de cada nuevo barrio consideran que el plan director aprobado por la junta de Gobierno liderada por Manuela Carmena es un instrumento jurídico que no existe en la ley del suelo, por lo tanto no tiene valor para reformar el plan urbanístico de estos desarrollos, ya aprobado en 2013 y validado por el Supremo en 2016.
La indemnización equivaldría al 34% del presupuesto anual del Consistorio. Incluyen los daños recogidos en la Ley del Suelo sobre indemnizaciones por perder los derechos de urbanizar y, por otro lado, los gastos ya incurridos, que en el barrio de Los Berrocales suman ya 642 millones. Además, los propietarios individualmente podrán pedir otras indemnizaciones si así lo consideran.

Las juntas de compensación, además, interpusieron en abril un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para paralizar cautelarmente el plan director. En ese documento, el equipo de Carmena reducía y dilataba esos planes urbanísticos de Madrid Este.
Estos barrios, conocidos como Los Berrocales, Valdecarros, Los Cerros y Los Ahijones se sitúan en la zona Este de la ciudad, desde La Gavia hasta Coslada, en paralelo a la M-40.

Los promotores creen que se está utilizando el plan director, una figura jurídica que no existe en la ley madrileña del suelo, para paralizar los desarrollos. De hecho, aseguran que ya se ha pedido adaptar los convenios a ese plan, que en principio simplemente es una directriz política sin valor jurídico, según denuncian desde Asprima.

Fuente: Cinco Días

2018-05-16T12:20:43+00:00