Los VTC reclamarán a la Generalitat 1.000 millones si les expropia sus licencias

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Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) pidieron ayer amparo al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a la consejera de Empresa, Àngels Chacón, ante las “descabelladas amenazas” del consejero de Territorio, Damià Calvet, que la semana pasada anunció que está estudiando cómo recuperar las licencias VTC de las empresas de este sector que han dejado de operar en Barcelona para buscar nuevos operadores dispuestos a explotarlas cumpliendo con el nuevo decreto ley aprobado en Cataluña, que fija un tiempo de precontratación de 15 minutos para los VTC.

Calvet dijo que quiere evitar que esas licencias queden inactivas y aseguró que buscan fórmulas para revocarlas o, incluso, expropiarlas. Las empresas más afectadas por esa medida serían Vector Ronda, Moove Cars y Auro New Transport, aunque hay muchas más. Desde Unauto se advierte al consejero de Territorio que dichas licencias están en vigor y que cumplen con todos los requisitos legales, así que le recuerdan que la “expropiación de estos títulos conllevaría indemnizaciones de más de 1.000 millones de euros, que pagarían todos los catalanes”.

En un comunicado, Unauto reclama a Calvet que comience a trabajar para poner remedio a la situación que el mismo ha creado (destrucción de más de 3.500 puestos de trabajo, el cierre de un centenar de empresas en Cataluña y la vulneración del derecho de 1,5 millones de ciudadanos a elegir cómo moverse por su ciudad) y “si esto no sucede, esperamos que presente su dimisión (…) pues no ha sabido regular en favor del interés general”.

Mientras, en Madrid, donde el martes se puso fin a la huelga del taxi tras 16 días de paro, Élite Taxi ­España envió un comunicado donde explica cuál es el plan B de los taxistas para que la precontratación temporal de los VTC se implante en toda España, y no solo en algunas comunidades como Cataluña (donde se han fijado 15 minutos), País Vasco (aquí es de 1 hora) o Valencia (que también planea fijar 15 minutos).

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Debate en el Parlamento

“Todas las organizaciones del taxi más representativas hemos pedido a Podemos que incluya la enmienda de la precontratación” con un mínimo de 15 minutos al Real Decreto Ley 13/2018, que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso. Además del apoyo de Podemos, las organizaciones aseguraron que esperan contar con el respaldo de los partidos políticos que han aprobado dicha medida en sus comunidades autónomas, como el PDeCat y el PNV. Pero no parece que lo vayan a tener fácil. PP y Ciudadanos ya han manifestado su oposición a dicha medida, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya dejó clara cuál es la postura del PSOE: que la precontratación sea cada comunidad y ayuntamiento quien la establezca, pues son los que mejor conocen sus necesidades en transporte.

Los representantes de los taxistas admiten en su nota que “la supervivencia de 100.000 familias está en manos del PSOE”, y advierten de que “el Gobierno de la nación en ningún caso puede permitirse que haya taxis de primera y de segunda. Cualquier Gobierno coherente tendrá que decir algo al respecto”. Los taxistas piden ser recibidos por Ábalos (“solo él puede salvarnos”, dicen en su comunicado), pues temen que en Andalucía, donde gobierna PP y Ciudadanos, pueda repetirse lo ocurrido en Madrid y se nieguen a regular a los VTC si el taxi exige una precontratación temporal.

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral aseguró ayer en rueda de prensa en el Congreso que la sociedad española tiene “una deuda” con el taxi y con el “esfuerzo” que han hecho los taxistas madrileños defendiendo sus puestos de trabajo, el servicio público y “diciendo algo muy sencillo, que los buitres tienen que cumplir la ley, que los fondos buitre no pueden venir aquí a arrasar sectores estratégicos como es el transporte público urbano de viajeros”, informó Efe. El plazo para presentar enmiendas finaliza mañana.

Regulación del taxi en Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, reconoció ayer que el taxi “tiene problemas”, pero aseguró que “pueden funcionar en competencia con los VTC si les mejoramos la capacidad de competir”. En este sentido, su Gobierno planea cambios en el reglamento del taxi para dar vía libre al taxi compartido, la tarifa prefijada, la opción de incrementar hasta nueve el número de pasajeros por vehículo, extender el horario de trabajo hasta las 24 horas o dar libertad de elección de coche.

En una línea similar, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) de Barcelona dijo este martes que está estudiando la posibilidad de introducir una tarifa a precio cerrado, que se incorporaría al sistema tarifario actual en primavera, y que se aplicaría solo a través de las apps que existen en el sector del taxi del área metropolitana.

Fuente: Cinco Días

2019-02-06T20:11:47+00:00