Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el choque climático debe ser una prioridad. Por ahora, no vamos bien. Nos lo han recordado los jóvenes del mundo y la Agencia Internacional de la Energía.

La demanda de energía aumentó un 2,3% en 2018. El 70% del incremento fue cubierto por combustibles fósiles, lo que resultó en un 1,7% más de emisiones de CO2 que alcanzaron un máximo histórico. Aunque la transición a una economía descarbonizada generará millones de puestos de trabajo de calidad, a corto plazo tiene costes.

Climate Action 100+ (CA) es una iniciativa de un grupo de más de 300 inversores internacionales que gestionan activos por valor de 33 trillones de dólares, que pretenden influir en las empresas emisoras de gases de efecto invernadero sistémicamente importantes, para que fijen objetivos de emisiones para mantener el incremento en la temperatura media global debajo de 2ºC y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC, en línea con el acuerdo de París de 2015.

El pasado marzo, Shell se comprometió con CA a establecer objetivos trianuales. El primero, disminuir sus emisiones entre un 2% y un 3% respecto a 2016, a contar desde 2019 y vinculó en parte la remuneración de sus 150 más altos ejecutivos a conseguirlo. Todo ello en línea con su ambición de reducir las propias y las derivadas del uso de sus productos en un 20% el 2035 y un 50% el 2050.

Una iniciativa parecida presentada por un grupo de accionistas firmantes del CA, no será posible votarla en la Junta general de accionistas de ExxonMobil del mes de mayo. La dirección de la compañía texana se dirigió a la Comisión Federal del mercado de valores pidiendo que, de acuerdo con la regla 14a-8(i) de la Ley del Mercado de Valores de 1934, no se la obligara a incluirla.

La propuesta de los accionistas pedía que el Consejo de Administración informara anualmente, a partir de 2020, sobre sus objetivos de emisión a corto, medio y largo plazo, alineados con los de reducciones establecidas en el acuerdo de París.

Las razones aducidas para oponerse fueron varias. Así, su carácter vago e indefinido y el referirse a las operaciones ordinarias de la compañía lo que representaría que los accionistas micro-gestionaran la misma. No soy experto en derecho mercantil; pero me parece que los calificativos vago e indefinido casan mal con gestión de detalle. No obstante, la Comisión Federal ha aceptado que supondría asumir la gestión que corresponde al Consejo y, por tanto, la votación no tendrá lugar.

No sé cuál sería la posición de nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores si se planteara una propuesta similar a una empresa domiciliada en España; pero me parece discutible que informar a los accionistas sobre objetivos a corto, medio y largo plazo sea sustraer la gestión ordinaria del negocio al Consejo de Administración, siempre que a corto plazo se sitúe en periodos iguales o superiores a tres años como en el caso de Shell.

Los directivos discuten que tenga sentido que Exxon – o cualquier otra compañía– traduzca unilateralmente los objetivos “nacionales” y “globales” de reducción de emisiones en disminuir las propias limitando el crecimiento de su negocio. La empresa, dicen, trabaja para mitigar las emisiones de sus operaciones e invierte para desarrollar nuevas fuentes energéticas con bajas emisiones; pero si, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, petróleo y gas continuarán contribuyendo significativamente al mix energético durante décadas, cualquier porcentaje de cuota de mercado cedido por la compañía será ocupado por otros productores.

En consecuencia, sostienen que corresponde a los Estados a través de sus políticas orientar los cambios en la demanda de energía. A Exxon le toca responder a esos cambios, dicen, proveyendo de los productos y servicios adecuados.

El pasado febrero nuestro Consejo de Ministros aprobó enviar el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030, a la Comisión Europea. El objetivo es convertir a España en un país neutro en carbono en 2050. Pero las políticas no son neutrales. Hay quien pierde y hay quien gana.

El impuesto sobre el carbono, una de las políticas propugnadas por Exxon, se tradujo en Francia en una propuesta de subir la fiscalidad del diésel y la gasolina y disparó la protesta de los chalecos amarillos. Subir impuestos al consumo, aunque sea por una buena causa, no es una medida popular. Tampoco lo es el impedir extraer reservas de hidrocarburos para quien ha gastado millones en localizarlas.

Parece razonable que debatamos sobre los medios para lograr el beneficio común de evitar el choque climático y cómo repartimos los costes asociados a esa empresa minimizando los de nuestros conciudadanos más vulnerables.

Enric R. Bartlett Castellá es Profesor de Derecho Público, ESADE Business & Law School (URL)

Fuente: Cinco Días