Las consecuencias de las investigaciones que cercan a Activa Mutua 2008, entidad colaboradora de la Seguridad Social, afloran. La Fiscalía ha abierto diligencias para depurar las posibles responsabilidades penales por las irregularidades detectadas en la gestión de esta entidad, como desveló EL PAÍS. También la Intervención de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo han investigado lo que sucede en esta entidad. Y, de hecho, las pesquisas de esta última han llevado a la apertura de un expediente administrativo que ya está en sus últimos pasos.

En este contexto, el 25 de abril presentó su dimisión el director general Miquel Àngel Puig. También se acordó que su sustituto sería José Ángel Zabalza, hasta ahora subdirector general, como puede leerse en una carta remitida por el presidente de Activa Mutua, Josep Nogués Marsal, a los trabajadores de la entidad con fecha del 6 de mayo. Nogués Marsal ha sido el mismo que le ha comunicado, por teléfono y correo electrónico, esta decisión a los responsables de la Seguridad Social. También ha solicitado una reunión para hacerlo oficialmente.

La ley que regula a las mutuas da al Ministerio de Trabajo la facultad de confirmar o no la propuesta. Estas entidades son agrupaciones de empresarios sin ánimo de lucro que gestionan cotizaciones —es decir, dinero público— para atender los accidentes y las enfermedades laborales. Por tanto, es la Seguridad Social quien se encarga de su control.

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Infracciones muy graves

 Pero ese nombramiento no ha sido ratificado ni lo será hasta que el expediente sancionador que le ha abierto la Inspección de Trabajo, apuntan fuentes de la Seguridad Social. El expediente está ya a punto de concluir y la probable sanción que se imponga será elevada al Consejo de Ministros. Entonces se verá también, apuntan las mismas fuentes, quién de los actuales gestores está implicado. En el informe de los inspectores integrado en el procedimiento se hablaba de “seis infracciones muy graves y dos graves”. Hasta que todo esto no esté claro no se dará luz verde a nombramiento alguno. Además, los responsables de la Seguridad Social quieren de la junta directiva de Activa un plan de futuro que asegure que no incurre de nuevo en las prácticas que han llevado a la Fiscalía a abrir diligencias.

“Activa Mutua no ha recibido ninguna comunicación formal desde que su junta hiciera la propuesta de nuevo director general y la trasladara al Ministerio”, responden oficialmente desde la entidad a este diario.

Carta a los trabajadores

En la carta enviada a los trabajadores, la mutua admite que “son momentos difíciles para la entidad”, aunque solo lo atribuye a que está “esperando la resolución del expediente sancionador”. “Os pido que huyáis de la rumorología”, reclama a los empleados el presidente Nogués Marsal, sin hacer mención alguna a las diligencias abiertas por la Fiscalía.

No obstante, esta investigación se cruza con las indagaciones de la Inspección y de la Intervención General de la Seguridad Social, ya que el fiscal pidió al Ministerio de Trabajo los informes de estas entidades. Todas las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de un extrabajador de la entidad. En los informes se puede observar, entre otras supuestas irregularidades, que los gestores de Activa gastaron 394.756 euros entre 2015 y 2017 en “desayunos, comidas y cenas”, que los inspectores vieron como “gastos indebidos”. También apuntan al “pago sistemático” de indemnizaciones por despido superiores a las fijadas legalmente por una cantidad de 663.088 euros. En total, por todos los conceptos el impacto en las actas públicas de estas prácticas suma 1,3 millones.

Fuente: El País